De fraude a defraude

Luego de un tiempo de receso, retomamos la comunicación con quienes nos leían. Desde nuestra última publicación hasta la fecha, han ocurrido muchos eventos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la contingencia nacional ha tomado un protagonismo indiscutido en materia tributaria y contable, con diversos casos ligados a fraudes, corrupción, malversaciones y otros delitos (y sospechas de delitos) que nos presentan una cara bastante deprimente de un sistema que, a veces sorprendentemente y otras no, nos brinda noticias que nos ponen en alerta.

Hace algunos meses, publicamos "Non defraude", donde hablamos del convenio de colaboración entre la Fiscalía y el SII para intensificar las investigaciones sobre potenciales fraudes. Además, el artículo señalaba que todo podía derivar en fraudes tributarios y/o financieros, generando acciones dolosas o con ánimo de dolo (pueden revisar el artículo completo pinchando acá Non Fraude ). De alguna manera, anticipábamos que las autoridades estarían fiscalizando de manera más amplia, pero también esto era un indicativo de que los delitos de este tipo aumentaban. El problema es que no dimensionamos la profundidad de estos, pasando de fraudes al fisco a defraudar a la fe pública, a las instituciones encargadas de fiscalizar y, por consiguiente, a la sociedad chilena en su conjunto.

Hemos sido impactados por varios fraudes o potenciales fraudes que se han hecho públicos y han captado la atención de las autoridades por lo descarado de las acciones. El primero es el caso Factop, en el que se ven involucrados destacados abogados litigantes de grandes grupos económicos, así como también personalidades políticas, según consigna el medio de comunicación e investigación Ciper. Establecen que hay registros de Factop donde están anotadas las operaciones realizadas por esa empresa de factoring entre 2015 y 2023. En esa nómina aparecen las personas y sociedades que les entregaron facturas, letras de cambio y cheques, a cambio de efectivo. También figuran, en algunos casos, los nombres de personas de confianza del factoring, que presentaban a nuevos clientes o bien de los reales beneficiados por la transacción. Además, allí se anotaron los documentos que fueron vendidos o comprados a otros factoring. Las investigaciones sobre la empresa controlada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, desde que CIPER reveló un audio donde Daniel Sauer -junto a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos-, hablan del pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Dichas investigaciones están siendo lideradas por la Fiscalía Oriente, en la que se estiman inicialmente montos cercanos a los 13 mil millones de pesos en facturas falsas, aunque es altamente probable que esos montos e involucrados aumenten al calor de las pesquisas.

Si esto fuera poco, a las semanas nos enteramos de una acción que involucra a 55 empresarios de diversas partes de Chile en un esquema armado para defraudar al Fisco. Dicho fraude toca de cerca a 3300 empresas que compraron facturas; al menos 100 mil facturas falsas y alrededor de 240 mil millones de pesos, por lo que ha sido considerado por los medios como el “megafraude más grande de la historia de Chile”.

Me detendré en explicar un poco más este último caso, principalmente porque es un esquema que puede afectar de manera masiva a muchos usuarios/as y clientes que pueden estar leyendo y que bajo ninguna condición conscientemente entrarían en un “negocio” de estas características, pero que pueden ser víctimas de este tipo de modus operandi.

De manera simple, en el caso del “megafraude” se constituyeron empresas fantasmas, que son aquellas empresas consideradas de “papel”, que no tienen espacio físico o no son reales, pero que sí están debidamente constituidas. Estas comenzaron a emitir documentos ideológicamente falsos (facturas), es decir, de acuerdo a la definición del SII: facturas emitidas por empresas o personas que no corresponden a una operación real o que no cuentan con sustento documental que respalde la operación y que son utilizadas con el propósito de engañar a terceros y obtener beneficios económicos de manera ilícita. De esta manera, por un lado, se adquirieron documentos para disminuir la carga del IVA mensual y por otro, pagar menos impuestos a la renta. Al hacer esto, se producen dos efectos que pasaré a explicar. Generalmente en este tipo de fraude, quien recibe el documento, le paga la mitad del IVA al que la emite y este receptor le permite deducir o reducir el 100% del IVA de la factura, junto con ello el neto de la factura disminuye como gasto a su base imponible, lo que se traduce en pagar menos impuestos a la utilidad. En la estructura que hay detrás, se rebaja el 100% del IVA y disminuye el impuesto a la renta. Las empresas al estar realizando estas acciones, generan que sus pagos de impuesto mensual del IVA y el impuesto anual de la renta, siempre sean menores, afectando directamente al Fisco. Pero no solo estará “favoreciendo” a las empresas que son parte de este ilícito, sino también a los socios que componen estas empresas, ya que, demostrarán menos utilidades. Por lo que no es un perjuicio al impuesto mensual ni tampoco anual de la renta de la empresa, sino del global complementario de cada socio de las empresas receptoras. La emisión de estas facturas falsas incentivaba que otros las compraran y así abultaban el crédito fiscal IVA. Con este mecanismo se busca pagar menos impuestos o, incluso, solicitar la devolución de impuestos, otro tema que podemos abordar más adelante. 

 

Te lo explico con un ejemplo práctico:

Supongamos que se emite una factura por $11.900.000 y el IVA a pagar es de $1.900.000. Quien adquiere la factura generalmente se concierta a pagar la mitad, es decir, $950.000. Esto supondrá tributariamente que quien compra la factura puede rebajar $1.900.000 y el valor neto de los $10.000.000 restantes en impuesto a la renta. El negocio está en que por el pago de solo $950.000, en este caso, (la mitad del IVA supuestos a pagar) se rebaja $1.900.000 y no paga el 25% por los $10.000.000 (que debería pagar), por lo que es un perjuicio fiscal, ya que sería de $3.400.000. Esta práctica es una acción evidentemente de intención dolosa o al menos, esto es lo que se debe probar, por lo que por el momento son consideradas ideológicamente falsas, hasta que se compruebe el dolo.

 

La tecnología en este esquema ha sido importante, porque hoy es muy simple crear empresas y las entidades no tienen mecanismos para frenarlos, ni tampoco controlar que emitan este tipo de documentos tributarios. Si bien, hoy esto aún continúa, el Servicio de Impuestos Internos, ha realizado ciertos cambios; la constitución de la empresa puede estar realizada y formalizada, pero al momento de solicitar la activación del sistema de facturación, el SII solicita respaldar todas las operaciones, demostrando compra de proveedores, quien nos compra, además debe existir un arriendo físico o virtual (oficinas). Esto permite poner ciertos cortafuegos, no obstante, no impide completamente que se puedan establecer, como el caso del mega fraude.

 

A veces, la respuesta a esta pregunta es incómoda, porque cuando se defrauda tributariamente lo que resulta es un daño a todos y todas; a quienes tienen empresas, diariamente impulsan sus negocios de manera legal, buscan oportunidades y sueñan con el crecimiento sostenido, así como aquellos que no tienen empresas y son parte de un barrio, localidad, comuna o ciudad en cualquier parte de Chile.

Si bien, para muchos pueden ser muchos tecnicismos que no se logran entender en plenitud, lo cierto es que todos los actores concuerdan en  lo que se vulnera más allá de lo evidente, como la institucionalidad económica, el rigor de nuestras instituciones y por cierto, la fe pública, que se ve convulsionada por acciones e inacciones de diferentes actores, como empresarios, asesores, organismos fiscalizadores y personas que trabajan en cada uno de estos estamentos, es a la sociedad chilena. El impacto también es el pacto social en el que estos subsistemas conviven y se equilibran, en el que cada uno de nosotros también somos parte. No podemos obviar que, donde haya una persona que sea un empresario que defrauda o que intenta abusar del sistema que lo alberga, también hay otros que demandan y compran este mecanismo, también hay otros que hacen la vista gorda, que se confabulan para defender o hacerlos pasar como triquiñuelas permitidas en un tablero que está delimitado, pero en el que las reglas están cuasi establecidas. 

Debemos observar estos casos, ya que gran parte de las empresas y empresarios buscan cumplir con lo que se establece y en ocasiones, son víctimas del rigor y las malas prácticas de un sector reducido, de malas asesorías o receptores de documentaciones sin siquiera saberlo. En este punto, la tecnología debe ser un aliado y las instituciones deben funcionar en pos del progreso de quienes sí contribuyen de manera correcta y buscan aportar al desarrollo de un país…Que los fraudes no nos defrauden.